Las mujeres que matan a sus bebés están profundamente enfermas, ¿por qué son juzgadas con severidad?

La semana pasada, Paris Mayo, de 19 años, fue condenada a al menos 12 años de prisión por el asesinato de su bebé recién nacido cuando ella tenía 15 años. Después de ocultar su embarazo, Mayo dio a luz sola, en silencio, en la casa de sus padres en la localidad de Ross-on-Wye, mientras en el piso de arriba su padre, que fallecería 10 días después, estaba en diálisis, y su madre dormía.

Mayo declaró a la policía que el bebé “salió de repente” cuando ella estaba apoyada en el alféizar de la ventana del piso de abajo. Aterrorizada por la posibilidad de que la descubrieran, aplastó la cabeza del bebé y le llenó la boca de algodón antes de ocultar su cuerpo en una bolsa de basura, explicando: “No quería que nadie lo tirara, solo quería que alguien se encargara de él”.

Estos detalles son impactantes, incomprensibles. Sin embargo, la decisión del jurado de rechazar el veredicto de infanticidio también es sumamente preocupante. La condena por homicidio de Mayo se suma a un panorama cada vez más claro de que las mujeres y niñas que ocultan un embarazo y posteriormente causan la muerte de su bebé mediante el uso de la violencia o la negligencia son tratadas con un enfoque cada vez más punitivo.

Una investigación de la doctora Emma Milne, profesora adjunta de Derecho Penal y Justicia Penal en la Universidad de Durham, reveló que las mujeres que son acusadas de matar a un recién nacido son increíblemente vulnerables y experimentan el embarazo como un momento de crisis. A Milne le preocupa que se esté ignorando la Ley de Infanticidio de 1938, que contempla un delito de homicidio que proporciona a estas mujeres una defensa parcial por el asesinato u homicidio culposo de un hijo biológico menor de un año. En los últimos 50 años, ninguna mujer ha sido encarcelada como consecuencia de una condena por infanticidio, y muchas han recibido apoyo psiquiátrico.

Existe, me explicó, una percepción de “endurecimiento por parte de la Fiscalía de la Corona” respecto a estos casos y una mala comprensión del estado psicológico que experimentan estas mujeres. Muchas viven entre la violencia y el maltrato, como Mayo, y temen que se descubra su embarazo. Aisladas y aterrorizadas, niegan su estado y dan a luz sin recibir ayuda ni analgésicos, considerando a su bebé como un “problema” que solo se puede solucionar mediante su “no nacimiento”. Durante el parto, pueden experimentar disociación, incapaces de distinguir la fantasía de la realidad.

Mayo declaró haber tenido una vida familiar difícil: un padre “emocionalmente cruel” que la hacía sentir “condescendiente y menospreciada” y “que no valía nada”, por lo que buscó atención manteniendo relaciones sexuales a los 13 años. Incapaz de enfrentarse a la realidad de que podía estar embarazada, nunca se hizo una prueba de embarazo, afirmó, e “intentaba darme excusas de lo que creía que estaba mal”. Cuando dictó su veredicto, el juez Garnham reconoció la terrible situación de la joven, pero aun así condenó a esta “bastante patética (en el verdadero sentido de la palabra) chica de 15 años” a prisión preventiva por homicidio.

Al leer los detalles del caso de Mayo, también me llamó la atención lo que parece ser una nueva actitud más severa hacia lo que Milne denomina “embarazo no deseado”, que se refleja en la disposición de los jurados a condenar a las mujeres por asesinato en lugar de por infanticidio. En 1995, siendo yo madre primeriza, entrevisté a Caroline Beale, una servidora pública del condado de Essex que fue detenida en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York por el asesinato de su hija recién nacida.

Aunque Beale era mayor que Mayo, tenía un trabajo estable y una relación aparentemente estable, sus emociones con respecto al embarazo eran tan conflictivas que se lo negó a sí misma y a su pareja. En septiembre de 1994, cuando la pareja estaba de vacaciones en Manhattan, Beale dio a luz en el baño del hotel cuando su novio estaba fuera. Beale afirmó que su hija había nacido muerta y posteriormente describió aquella noche “como recordar una fotografía, apenas puedo recordar algo de aquello”.

Cuando nos reunimos en la cárcel de Rikers Island un año después, cada vez que abordaba demasiado los detalles de su embarazo, era incapaz de hablar. Cumpliría ahí ocho meses de prisión preventiva antes de que su abogado pudiera llegar a un acuerdo de conformidad para que se le imputara un cargo menor de homicidio culposo a cambio de su regreso al Reino Unido. De vuelta a su país, en marzo de 1996, Beale no fue encarcelada, sino que quedó en libertad condicional durante cinco años y recibió tratamiento psiquiátrico ambulatorio en el hospital Maudsley en Londres.

La empatía pública hacia mujeres como Caroline Beale hace 30 años experimentó un drástico retroceso, ya que hoy en día los jurados rechazan cada vez más la defensa del infanticidio en casos similares. Richard Griffith, profesor titular de enfermería en la Universidad de Swansea, descubrió que en 59 casos de infanticidio registrados entre 1980 y 1990, ninguno desembocó en una sentencia de cárcel. Según Milne, en los casos más recientes en los que se han aceptado las alegaciones de infanticidio, se trataba de mujeres que sufrían depresión posparto o psicosis y que mataban a un bebé de mayor edad. No obstante, solo en los últimos cinco años, Mayo se suma a otras tres mujeres que fueron condenadas por asesinato después de intentar declararse culpables de infanticidio de un recién nacido.

Entre ellas se encontraba Silipa Keresi, de 38 años, que dio a luz sola y abandonó a su recién nacido en un bosque cerca del pueblo de Hythe, cerca de la ciudad de Southampton; era madre de cuatro hijos y estaba casada con un soldado de la Commonwealth que había dejado el ejército británico, por lo que su embarazo coincidió con la pérdida del derecho de su familia a permanecer en el Reino Unido. En diciembre de 2021, el juez Garnham la condenó a cadena perpetua por asesinato. En junio de 2017, Rachel Tunstill fue condenada a una pena mínima de 20 años por matar a puñaladas a su recién nacido tras ocultar su embarazo, y en junio de 2021, Hannah Cobley también fue sentenciada a cadena perpetua por asesinar a su hija tras experimentar un embarazo no deseado.

Milne destaca los cambios estructurales que afectan de forma negativa la resolución de los casos de estas mujeres, como los recortes masivos en la asistencia jurídica, de modo que los equipos de defensa, que cuentan con peritos médicos y abogados penalistas, reciben su salario de presupuestos cada vez más reducidos y disponen de menos tiempo para preparar su defensa. La falta de apoyo económico para los equipos jurídicos hace que sea mucho más difícil presentar casos complejos ante un jurado.

Está de más decir que estos poco frecuentes casos son increíblemente trágicos para todos los implicados, pero también debemos tomar en cuenta que ocurren en un contexto en el que los servicios, desde los de salud reproductiva hasta los refugios para casos de violencia doméstica, están sufriendo severas reducciones. Los embarazos no deseados están destinados a seguir ocurriendo. Debemos ser realistas al respecto; y no debemos perder de vista la verdad de que las mujeres implicadas también merecen nuestra compasión colectiva.

Julie Wheelwright es historiadora y autora de Sisters in Arms: Female Warriors from Antiquity to the New Millennium.