Un 5 de febrero atípico

Solía ser una conmemoración obligada en el calendario político, oportunidad para discursos sobre la importancia del orden jurídico y destacar el respeto a las instituciones que reconoce y protege nuestra Carta Magna en cada aniversario de su promulgación. Era una ocasión de convivencia republicana entre los representantes de los tres Poderes de la Unión y aunque fuera para la foto el presidente dedicaba la fecha a recordar el acuerdo vigente desde 1917 que permite reconocernos como un país de leyes que aspiraba a la consolidación de su democracia.

El mensaje no sólo honraba el protocolo, sino que mostraba respeto entre Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Justo hace un año, cuando la ministra Norma Piña cumplía un mes y días de haber asumido la presidencia de la Suprema Corte, el rasgo de sometimiento que tanto gusta a Andrés Manuel López Obrador se vio frustrado con la actitud digna de la togada en el Teatro de la República al no levantarse de su lugar (por cierto, relegado del sitial que le correspondía como cabeza de un poder) para evitar sumarse al ambiente de zalamería que impone un Ejecutivo soberbio y ajeno a la caballerosidad. La actitud de Piña Hernández fue todo un mensaje para dejar claro que sería una ministra que no hace genuflexiones como lo mostró su antecesor ese sencillo, pero poderoso desplante inició una etapa de tensiones que fue de menos a más y ha dado como resultado un 5 de febrero atípico en 2024.

En una mañanera de hace varias semanas, se anticipó que en vez de acudir a Querétaro el mandatario reservaría la fecha para anunciar su paquete de iniciativas, entre ellas la que violenta la autonomía e independencia judicial. López Obrador calcula para ese día arrebatará la agenda mediática a la tradicional ceremonia, para disparar los textos de leyes secundarias que vienen afectados de origen con párrafos abiertamente inconstitucionales, por ejemplo la elección de jueces, magistrados y ministros a través del voto popular, una aberración que se convertirá en tema de la campaña presidencial de la encarnación de su dedazo. Claudia Sheinbaum ya tiene listo el arsenal para golpear al Poder Judicial de la Federación durante su recorrido por el país hasta el día de la elección.

Puedo anticiparles queridos lectores que la presidenta de la Corte tampoco estará presente en la ceremonia de Querétaro el lunes 5 de febrero, en su representación acudirá un ministro. Y es que, en el juego de las estrategias, el Máximo Tribunal convocará próximamente a los trabajos de arranque del Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia.      

Desde el Poder Judicial se abrirá un necesario espacio incluyente de diálogo para trazar un plan de acción que responda a este clamor. Participarán especialistas del litigio, la academia, los sectores privado, público y social con mayor representatividad con el propósito de encaminar la agenda estratégica que responda a los retos en la materia. Entre los asistentes estará el presidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, principal institución de litigantes en nuestro país, será un encuentro jurídico en el que participarán operadores del sistema de procuración e impartición de justicia. Un paso adelante que el mismo López Obrador se ha negado sistemáticamente a dar por su fobia a la autocrítica y la pluralidad de ideas para escuchar todas las voces.

Se prefiere imponer iniciativas sin haber mediado ningún tipo de intercambio para enriquecerlas. AMLO es principio y fin absoluto de cada reforma que somete al Congreso, él no dialoga sólo ordena con el arrebato de un emperador conservador que se autodefine como liberal, pero sin mística juarista.

El lunes 5 de febrero se bajarán las cartas en el juego que plantea el obradorato para condicionar la agenda de su abanderada y sus legisladores y lo afirmo sin temor a equivocarme sobre la actitud de apropiación a quienes seguirá tirando línea cuando deje de vivir en Palacio Nacional y se vaya a “La Chingada” (nombre de su rancho en Palenque, Chiapas).

Han sido tantas las agresiones al Poder Judicial de la Federación que se percibe en la escena nacional un peligroso proceso de normalización de la amenaza contra jueces, magistrados y ministros. No hay mayor rasgo inquisitivo que la venganza del gobierno y sus obedientes legisladores hacia quienes se han atrevido a resolver en su contra. Para denunciar malas conductas hay procedimientos regulados ante el Consejo de la Judicatura Federal en donde el Ejecutivo tiene incondicionales como Bernardo Bátiz, Verónica de Gyvés y Celia Maya. Sin embargo, prefieren politizar antes que litigar una acusación que necesariamente sería analizada con las formalidades de una investigación equilibrada basada en pruebas que echarían a perder su ligereza.

Ahora, en lo que representa más pirotecnia mediática que efectividad práctica, el mandatario solicitó a la Cámara de Diputados inicie juicio político contra Crescencio Contreras Martínez, juez de distrito adscrito en Reynosa, Tamaulipas a quien se le señala de una supuesta actuación irregular que podría haber favorecido a delincuentes vinculados al secuestro de migrantes en esa entidad fronteriza. No hay elementos probatorios que fortalezcan lo que hasta ahora es una calumnia patrocinada por Luisa María Alcalde en obediencia ciega al presidente. El proceso en San Lázaro se activó y no tiene posibilidades de prosperar por carecer de contundencia y veracidad, como ha sido el sello de las acusaciones contra personajes que son descalificados y perseguidos impunemente. 

Hay antecedentes sobre intentos de juicio político que han sido analizados en la Corte, uno importante es el establecido por el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena al resolver una controversia constitucional hace más de 5 años en la que se estableció con claridad que los servidores públicos, que se señalan en el primer párrafo del artículo 111 constitucional gozan de inmunidad procesal penal respecto a cualquier delito que se les impute, principio que arropa al propio Presidente de la República, los ministros y también a los jueces federales. Pero no perdamos de vista lo esencial, ¡se acusa sin presentar una sola prueba! 

Para la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito “la actuación del juez de distrito mencionado se realizó apegada a ley. Si en este caso la resolución emitida resultó favorable al imputado, fue debido a la deficiente actuación de la Fiscalía General de la República”, destaca su pronunciamiento.  

No permitamos que estos oprobios se normalicen, el régimen y su líder se han convertido en la más funesta versión de lo que siempre prometieron combatir cuando eran oposición. 

Nuestra Constitución cumple 107 años de vigencia, en su texto se fijan con claridad los límites de actuación de los tres poderes de la Unión. El Ejecutivo y Legislativo han violentado sistemáticamente su cabal cumplimiento. No recuerdo un presidente más ignorante de la ley que Andrés Manuel López Obrador que todos los días se burla de la protesta realizada cuando asumió el cargo. 

En 2024 el Poder Judicial bajo el yugo de la dictadura de los otros datos soporta el imperio de la mentira y se erige como única salvaguarda efectiva del texto promulgado en el Teatro de la República por un Congreso Constituyente visionario e inmerso en la sensibilidad social de una lucha revolucionaria que desangró a México en el arranque del siglo XX. 

El próximo lunes será un 5 de febrero atípico.

EDICTOS

Muy pronto llegarán a las manos de la ministra Norma Piña diversos señalamientos que harán temblar a Edgar Manuel Bonilla del Ángel, actual Director General del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles (IFECOM) situaciones que comprometen la imparcialidad de ese órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal.