8M | ¿La paridad de género en México es suficiente?

En México, ninguna mujer ha ostentado la presidencia de la república y solo nueve mujeres han sido gobernadoras de entidades federativas. Derivado de los resultados de los procesos electorales de 2018, las mujeres encabezaron 21% de los ayuntamientos y en lo relativo a la integración de los congresos se observó un incremento importante en el ámbito federal. El ratio de representación de las mujeres respecto de los hombres en las curules en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión (2018-2021) fue de 0.48, mientras que para la legislatura actual LXV (2021-2024) la paridad alcanzó un ratio de 0.93, de los más altos del mundo, incluso por arriba de Suecia (0.88) y de Suiza (0.72) y Noruega (0.79).

No obstante la paridad récord alcanzada en las elecciones intermedias, la incidencia de las mujeres en el Poder Legislativo se debe reflejar en el empoderamiento que logren no solo al legislar sino también al dirigir cuerpos legislativos con capacidad de influir en la toma de decisiones. Esto se observa en la conformación de los órganos más importantes como la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

En el caso de la Cámara de Diputados, los puestos de mando siguen siendo encabezados por hombres, la Jucopo es encabezada e integrada por hombres totalmente. Por su parte, la Mesa Directiva sí tiene presencia de mujeres siendo ocho frente a 11 varones. En dicha cámara, 50.9% de las comisiones son presididas por mujeres; sin embargo, las comisiones ordinarias más importantes como las de Hacienda Pública, Presupuesto, Puntos Constitucionales, Infraestructura, Energía, Salud, Comunicaciones y Transportes, Defensa, Economía y Gobernación están presididas por varones. De las presidencias de comisiones encabezadas por mujeres para asuntos de gran trascendencia nacional destacan la Comisión de Vivienda, Asuntos Migratorios, Bienestar y Educación.

En la Cámara de Senadores, la historia es un poco distinta, ya que la Mesa Directiva está presidida por una mujer: la exministra Olga Sánchez Cordero. Destaca la integración de dicho órgano porque está integrada en un 83% por legisladoras. Por su parte, la Jucopo del Senado tiene más representación femenina que la de la Cámara de Diputados, con un 27% de mujeres. En cuanto a las comisiones legislativas en el Senado, 59% son presididas por mujeres. Destacan las comisiones de Agricultura, Asuntos Fronterizos y Migratorios, Comunicaciones y Transportes, Implementación del TMEC, Energía, Educación, Salud y Seguridad Pública, entre otras. No obstante una presencia mayor de mujeres en las presidencias de comisiones relevantes persiste el liderazgo varonil en comisiones de gran trascendencia nacional, como la Comisión de Hacienda, Trabajo, Defensa Nacional, Justicia y Puntos Constitucionales.

La meta común adoptada internacionalmente en la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing es lograr la participación política y distribución equilibrada del poder entre hombres y mujeres en la toma de decisiones. La mayoría de los países del mundo no ha logrado el equilibrio de género, y son pocos los que han establecido o cumplido metas ambiciosas respecto de la paridad entre los sexos (50-50).

Pese a que las mujeres han incrementado su presencia en el Congreso mexicano, lo que da cuenta del cumplimiento del objetivo de las cuotas como medida de acción afirmativa y sobre todo del cumplimiento del principio de paridad, la realidad es que las condiciones de participación de las mujeres siguen siendo desiguales y discriminatorias. El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas (Cedaw) en sus recomendaciones generales número 5, 8, 23 y 25 ha planteado la necesidad de introducir medidas especiales de carácter temporal a fin de promover la igualdad de facto, cuestión en la cual cumplen las cuotas de género en el ámbito electoral. Ello es así porque por razones de género las mujeres enfrentan diversas dificultades para, en condiciones de igualdad con los hombres, militar, ser postuladas, ser electas, ejercer el poder político y ejercer su derecho básico a elegir.

Algunos factores que repercuten en las desventajas que tienen las mujeres para ejercer el derecho a la participación política están asociados con:

1) Inequidades en el acceso a financiamiento para solventar las campañas electorales.

2) Sesgos de género en la cantidad y calidad de la cobertura a las campañas y posicionamientos de las mujeres expresadas por los medios de comunicación.

3) Existencia de actos de discriminación y violencia política en los partidos políticos.

4) Prejuicios respecto de las habilidades de las mujeres para ejercer cargos de poder.

5) La división sexual del trabajo y los roles de género que repercuten en desventajas en la disponibilidad de tiempo, la base de formación inicial, la experiencia en la participación en espacios públicos y las redes de apoyo.

6) Resistencias culturales a la incorporación plena de las mujeres en espacios tradicionalmente ocupados por hombres, como son los parlamentos, lo cual genera la persistencia de prácticas y actitudes de exclusión en el ejercicio de poder.

Sería muy ilusorio pensar que en México se han resuelto los problemas de inequidad de género con la igualdad de participación de hombres y mujeres en el Poder Legislativo. Las prácticas ancestrales de machismo en nuestro país van a tardar décadas en poder cambiarse. Ha sido un primer paso, sin duda, pero igualmente negativo sería pensar que con la equidad paritaria en el Legislativo la cancha entre hombres y mujeres está pareja. Un ejemplo es que ante la desaparición por parte del Poder Ejecutivo de programas sociales –como las estancias infantiles, las escuelas de tiempo completo, la financiación a refugios para mujeres en situación de violencia–, poco ha podido servir el Poder Legislativo como órgano de control, vigilancia y contención de los impactos que han producido estas medidas en la población femenina. Con cifras del Inegi a mayo 2021, siete de cada 10 desempleados por la pandemia en México eran mujeres.

El tema debe partir desde los modelos educativos, de otro modo la inequidad se mantendrá en el ambiente. Pero no solo eso: hacen falta legislar y vigilar el cumplimiento de medidas que sumen a la sociedad, de discriminación positiva en apoyo de las mujeres (horarios más flexibles, periodos de vacaciones más extensos en maternidad, guarderías, paridad en los consejos de administración de las empresas). Con una mejor y mayor participación de las mujeres en la vida social tendríamos sociedades más humanas, más solidarias y más hospitalarias. Las empresas mejorarían en competitividad y humanismo. Además, no olvidemos que el asunto de género en la agenda legislativa no debe quedarse en la Cámaras, debe reflejar resultados de manera transversal en toda la sociedad. El foco debe ser que la perspectiva de género sirva para mejorar la vida no solo las mujeres sino también de las familias, en la que todos ganan por una mejor y mayor participación femenina.