Juan Collado y un sobrino de Salinas, investigados en nuevo caso de blanqueo en Andorra
Juan Collado, abogado de Peña Nieto, transfirió recursos por 450 mil dólares al sobrino de Carlos Salinas de Gortari, revela El País
Juan Collado, abogado de Peña Nieto, transfirió recursos por 450 mil dólares al sobrino de Carlos Salinas de Gortari, revela El País
Andorra investiga un nuevo caso de blanqueo de capitales que involucra a Juan Collado, abogado del expresidente Enrique Peña Nieto, y a Juan José Salinas Pasalagua, sobrino del exmandatario Carlos Salinas de Gortari.
De acuerdo con el diario El País, la jueza Canòlic Mingorance, con sede en Andorra, investiga un sistema de envío de fondos entre dos clientes de un banco que no deja rastro, por 450 mil dólares.
Según documentos, Collado transfirió esa cantidad en noviembre de 2008 al sobrino del expresidente Salinas de Gortari a través de las cuentas que ambos manejaron en la Banca Privada d’Andorra (BPA).
Juan Collado buscó blindar la transacción a través de su sociedad instrumental (sin actividad) holandesa Turinga CV.
Juan José Salinas Pasalagua, por su parte, cobró en su cuenta cifrada en la BPA, denominada “441984 Madrigal”, que estaba gestionada por el entonces responsable de la entidad financiera andorrana en México, Joan March Masson.
La jueza halló que el abogado de Peña Nieto nutrió su cuenta en la BPA de capital procedente de la entidad Pershing Llc Jersey City. Y que esta, a su vez, recibió fondos de la delegación suiza de la firma de fideicomisos y gestión de grandes patrimonios Amicorp.
Sobre el motivo del traspaso, Juan Collado justificó en 2008 que el dinero que envió al familiar de Salinas de Gortari correspondía a una comisión por actuar como intermediario en la venta de una firma conectada al grupo de comunicación mexicano Grupo Radio Digital Siglo XXI.
Sin embargo la Policía de Andorra, que rastrea la operación a las órdenes de la magistrada, cuestionó dicha operación, y concluyó que Juan Collado, abogado de Peña Nieto, no aportó suficiente documentación para demostrar la veracidad de la transacción.
En ese sentido, estimó que “no se puede acreditar el origen de los fondos”.
Mientras que Salinas Pasalagua cobró en el banco andorrano fondos procedentes de traspasos internos, como los 450 mil dólares que le envío Collado. Y también percibió capital cuyo origen arrancaba en la casa de cambios mexicana Tiber.
La mecánica de Salinas Pasalagua en Andorra es similar a la de Collado. Se inicia con un ingreso en efectivo en una casa de cambio mexicana. De ahí, se enviaba el dinero a una cuenta en la BPA inscrita a nombre de una firma instrumental.
Y después el capital acababa, a través de un traspaso interno, en el depósito de otro cliente de esta entidad financiera que fue intervenida en 2015 por un presunto delito de blanqueo de capitales.
Los investigadores andorranos han criticado en distintas ocasiones esta mecánica.
Otro aspecto que llama la atención de los investigadores es que la BPA no impidiera abrir una cuenta a Salinas Pasalagua, pese a su condición de PEP (persona políticamente expuesta, por sus siglas en inglés), que es como se llama en la jerga financiera a aquellas personalidades que, por sus vínculos directos o familiares con el poder, deben someterse a un control especial para prevenir el blanqueo de capitales.
El abogado de Juan Collado en Andorra, Antoni Riestra, dijo a El País que los 450 mil dólares que envió en 2008 su cliente a Salinas Pasalagua corresponden a la comisión de este último por actuar como intermediario de “un importante grupo de comunicación mexicano”.
“Ya en su momento, como no podía ser de otra forma, se informó y se justificó frente a la BPA y su compliance [departamento del banco dedicado a controlar la legalidad de los fondos] la finalidad y la causa de la transferencia, aportándose a la entidad los contratos justificativos correspondientes”, respondió por correo.
El diario no logró localizar a Salinas Pasalagua para conocer su versión.
Juan Collado, abogado de Peña Nieto, ha permanecido en prisión en México más de cuatro años. Un juez federal le concedió en septiembre la libertad provisional tras ser detenido en 2019 por la Fiscalía General de la República (FGR) en Ciudad de México por delincuencia organizada, operación con recursos de procedencia ilícita y fraude fiscal por 36 millones de pesos.
También tiene abierta una causa por blanqueo en Andorra, donde movió más de 120 millones de dólares a través de un opaco entramado financiero en la Banca Privada d’Andorra (BPA).
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