Investigador en el área de Incidencia Política de México Unido Contra la Delincuencia A.C. (MUCD). Politólogo Internacionalista por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Ha colaborado como asistente de investigación en proyectos de derecho internacional humanitario, protestas por mega proyectos y energías limpias. En MUCD investiga temas relacionados con la militarización y política de drogas en México. @MUCDoficial
Propuestas de seguridad para 2030: entre la vaguedad y la continuidad del fracaso
Las campañas concluyeron, pero las promesas sobre mejorar la seguridad seguirán vigentes. El reto que tenemos como ciudadanía es presionar para que, gane quien gane, impulse una seguridad ciudadana para la construcción de paz.
Las campañas concluyeron, pero las promesas sobre mejorar la seguridad seguirán vigentes. El reto que tenemos como ciudadanía es presionar para que, gane quien gane, impulse una seguridad ciudadana para la construcción de paz.
En tan sólo 24 horas se decidirá quién gobernará México en su nuevo sexenio, esto es, la persona que estará a cargo de conducir la política de seguridad destinada a garantizar la paz y tranquilidad en nuestras comunidades.
Durante el último debate presidencial el tema de seguridad fue protagonista, no obstante, las propuestas presentadas por las personas candidatas no estuvieron a la altura de las exigencias de la ciudadanía. La seguridad es, sin duda, uno de los temas que más preocupa al grueso de la población por los altos niveles de violencia que se registran en el país. Muestra de ello, son los datos referente a los homicidios, que si bien han tenido una leve disminución, pasando de 36 mil 432 en 2019 a 31 mil 985 en 2022 de acuerdo con los datos de INEGI, lo cierto es que el sexenio de Andrés Manuel López Obrador ha sido en el que más homicidios se han registrado.
Lejos de partir del reconocimiento del fracaso de la estrategia de seguridad pública actual, las propuestas de las y los candidatos presentadas durante ese último debate y a lo largo de sus campañas no presentan una crítica sustentada en evidencia sobre los efectos de la militarización y cómo el gobierno ha entregado a las Fuerzas Armadas (FFAA) el control de tareas allende a la esfera de la seguridad. En su lugar se limitaron a lanzar señalamientos, acusaciones mutuas y mostraron constantemente, en foros, en mítines, en spots, falta de un análisis multidimensional sobre los retos que enfrenta el país en materia de seguridad para los próximos seis años.
La candidata de Morena Claudia Sheinbaum afirma que, en contraste con los gobiernos del PAN y el PRI -que declararon la guerra contra las drogas, comenzando una etapa de terror y violencia en contra de la ciudadanía- la estrategia del gobierno actual le apostó a la construcción de paz y la atención de las causas de la violencia para ponerle fin a esta guerra, por lo que le dará continuidad, por medio de programas sociales y “un cambio en la relación del Estado con la ciudadanía”.
Sheinbaum ha afirmado constantemente que esta estrategia ha sido un éxito para bajar la violencia y construir la paz. Durante el debate, la candidata presentó cifras de un descenso en los homicidios a nivel nacional y de mejora en la percepción de seguridad de la ciudadanía como logros del gobierno cuatroteísta, pasando por alto que los homicidios continúan en cifras mucho más altas que al inicio de los sexenios anteriores, e ignorando totalmente la manera en que se han militarizado todo tipo de tareas civiles más allá de la seguridad, afectando la democracia: desde la construcción de megaproyectos hasta el control de puertos y aduanas, todo bajo la excusa de proteger la seguridad nacional.
Xóchitl Gálvez, por su parte, nos mostró durante su campaña y en el debate final su rechazo a la política actual que, asegura, fue un fracaso total, una política que consistió en apostarle a los abrazos y no balazos y que “terminó entregando el país al narco”. La candidata se centró en presentarse a sí misma como alguien que sí tiene “el carácter para enfrentarse a los delincuentes”, al mismo tiempo que prometió asegurar que la Guardia Nacional mantuviera un mando civil y criticó la militarización de la administración pública, afirmando que los militares se limitarían a lo que establece la constitución: la seguridad nacional.
Esto, en los hechos, significa que seguirá utilizando una política de seguridad militarizada, pues constantemente reconoció el papel de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Decir que las FFAA estarán limitadas a la seguridad nacional no es sinónimo de que se va a desmilitarizar a la seguridad. Además, incluso si se cumplieran esta promesa, su retórica sobre el “enfrentamiento a la delincuencia” implicaría que su gobierno continuará por la vía civil una estrategia violenta de guerra contra el crimen organizado, sin mencionar que entre sus primeras propuestas estaba la construcción de una mega cárcel, lo que es totalmente punitivista y contrario a la necesidad de eliminar la prisión preventiva oficiosa para atender la impunidad ante los crímenes.
A pesar de sus diferencias, entre ambas candidatas coincide un diagnóstico similar: sostienen que AMLO rompió con la estrategia de los gobiernos anteriores, consistente en enfrentar a los cárteles. Sheinbaum retomó esta idea para defender la continuidad, mientras que Xóchitl Gálvez lo tomó como una muestra de que el gobierno había dejado operar al crimen impunemente y así defender su propuesta de “mano dura” para enfrentar a la delincuencia. Sin embargo, ambas afirmaciones son incorrectas: contrario a lo que dice Sheinbaum, la militarización de la seguridad continuó bajo la excusa de que sólo las Fuerzas Armadas pueden enfrentar a organizaciones criminales, y se expandió a aduanas y puertos del país; y en contraposición a lo que dice Gálvez, tampoco se detuvieron los enfrentamientos de estas organizaciones haciendo uso de las fuerzas armadas, ni se detuvieron las violaciones a derechos humanos asociadas con esto. En este diagnóstico equivocado, ambas candidatas proponen exactamente lo mismo: continuidad con la fallida guerra contra las drogas.
Ciertamente, hay diferencias entre las propuestas de las candidatas, una, apostando más al discurso de la atención de causas y, otra, a la mano dura contra la delincuencia. Sin embargo, en estos diagnósticos, es destacable que ambas presentan a la política de seguridad del gobierno de AMLO como una ruptura con la estrategia de gobiernos anteriores. Claudia Sheinbaum afirma esto para defenderla como un intento por construir la paz, dar atención a las causas de la violencia y abandonar un enfoque que sujetó a la ciudadanía a más violencia. Xóchitl Gálvez, por su parte, lo afirma para presentar a la política actual del gobierno como insuficiente para pacificar al país.
Por su parte, el candidato Jorge Álvarez Máynez navegó políticamente durante su campaña y durante el debate sobre seguridad con el argumento que la estrategia de este gobierno fracasó no por cambiar el enfoque y dejar de “enfrentar a la delincuencia”, sino por mantener una estrategia de militarización y prohibicionismo. En ese sentido, junto con reformas para fortalecer a las policías civiles, el candidato prometió al electorado reformar la política de drogas, profesionalizar y fortalecer a los cuerpos de policía y cambiar en el enfoque contra delitos graves, lejos de la prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, aunque reconoció el problema de la impunidad en el país, tampoco presentó una estrategia clara para atenderla, ya sea reformando a las instituciones de justicia o la manera en que se imparte o bien, estrategias verdaderamente novedosas, sino que ofreció promesas vagas de la adopción de un enfoque en la inteligencia y el fortalecimiento de las policías.
En los últimos meses se plantearon tres alternativas en materia de seguridad, pero ante la profunda crisis de inseguridad e impunidad en México estas resultan incompletas, por partir de diagnósticos a conveniencia. En sus propuestas de agendas de gobierno ninguna de las personas candidatas hablaron del impacto negativo de la expansión de los militares a distintas áreas de la administración pública, ni presentaron una estrategia de regreso de los militares a los cuarteles, a pesar de que la Constitución ya estableció que las FFAA sólo podrán participar hasta 2028 de manera excepcional, regulada, fiscalizada, subordinada y coordinada con autoridades civiles en tareas de seguridad pública.
Las campañas concluyeron, pero las promesas seguirán vigentes por lo menos hasta que inicie la próxima administración. El reto que tenemos como ciudadanía es presionar no sólo para que cumplan con algunos pocos aspectos rescatables de lo prometido, sino para que se promueva la discusión pública sobre la necesidad de propuestas concretas, mejores y basadas en evidencia y pleno respeto a los derechos humanos para la construcción de paz y seguridad ciudadana. Sin duda, nuestra participación es fundamental, y no puede limitarse al momento de las elecciones. Gane quien gane el próximo 2 de junio, la seguridad sólo se construirá si, como ciudadanos, tenemos una participación activa dentro de las discusiones que se den en todos los espacios de toma de decisiones, por lo que será importante seguir los trabajos de todos los niveles de gobierno, como el Congreso de la Unión, y exigir a todas las personas electas que tomen en cuenta nuestras necesidades reales y concretas para cumplir su promesa de un México justo, en paz y seguro.
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